Termina la legislatura con un paso adelante del Ayuntamiento donostiarra para encarar los precios del alquiler en San Sebastián de la mano de la Ley de vivienda estatal que esa en tramitación. Con el único voto contrario del grupo popular, la sesión plenaria de hoy ha aprobado el estudio para la aplicación del sistema de zonas tensionadas con el objeto de poner tope a los precios del alquiler. La moción venía firmada por Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora. Y las tres plataformas han concluido al término del pleno que la luz verde «se ha debido a la presión ciudadana».
Rosa García, de Stop Desahucios, ha calificado la aprobación de «extraordinaria», si bien ha recalcado que «se trata del inicio, del primer paso». Le corresponderá al siguiente equipo de gobierno estudiar la situación de los barrios donostiarras y poner en marcha las herramientas correspondientes si lo considera necesario. García, también, ha manifestado que la ley estatal y la ley vasca «son absolutamente compatibles», algo alejado de lo que se ha venido exponiendo desde el PNV.
El grupo municipal jeltzale en la voz de la concejala Nekane Arzallus ha vuelto a mostrarse crítico con la Ley de vivienda estatal y ha mostrado una cierta desconfianza de cara a su eficacia, si bien ha votado que sí, igual que han hecho el PSE, Elkarrekin Donostia y EH Bildu.
Por su parte el grupo popular ha coincidido en que el problema de la vivienda es evidente en Donostia, si bien no comparte los mecanismos que contempla la Ley de vivienda estatal.
Alberto López, de la plataforma Alokairu Benta Berri, ha manifestado al término de la sesión que considera necesario, también, movilizar las viviendas vacías de Donostia, que consideran son más de 3.300.
De hecho el fondo buitre Azora tiene 60 viviendas vacías desde hace tres años, cuando compró Inmobiliaria Vascongada. Dos años antes, en 2018, aterrizó en Donostia Blackstone que está presente en Benta Berri. Estos dos fondos buitre han sido mentados tanto a lo largo de la sesión plenaria como al término de la misma, durante la celebración de Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora.
Reivindicaciones
Las tres plataformas han vuelto a recordar que los donostiarras destinan entre el 40 y 50% de sus ingresos «para pagar los abusivos alquileres que imperan en los barrios tensionados de la ciudad, lo que ha provocado el éxodo de jóvenes y familias con hijos menores y el aumento de demandas de desahucio por impago de alquileres de hogares en situación de vulnerabilidad».
«Esta limitación de los abusivos precios en Donostia, alimentados por el aterrizaje de los fondos buitre Blackstone y Azora, hay que combinarla con la movilización de las viviendas vacías para el alquiler». Y añaden que «la Ley de vivienda vasca vigente desde 2015 prevé la aplicación del canon a las viviendas vacías e incluso la expropiación, procesos en los que Donostia está a la zaga de las medidas de movilización adoptadas por Gasteiz y Bilbao, además de reducir drásticamente el número de pisos turísticos, de los que Donostia reúne la mitad de los existentes en la CAV».
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