La Diputación lidera la puesta en marcha de un órgano de trabajo formado por representantes de la institución foral y agentes económicos de Gipuzkoa con el doble cometido de realizar, por un lado, el seguimiento de la situación económica en el territorio y, por otro, articular de manera compartida medidas económicas y fiscales que palíen de manera urgente los efectos que está provocando el Covid-19 en la actividad económica y el empleo. “La colaboración y la solidaridad son los valores que han permitido a Gipuzkoa construir una sociedad cohesionada y competitiva, y los que harán posible que superemos esta crisis”, ha destacado el diputado general Markel Olano.
Este órgano ha mantenido su primer encuentro de trabajo en la Diputación. Además de los representantes forales participarán Adegi, la Cámara de comercio de Gipuzkoa, Mondragon, el Clúster de Máquina Herramienta, la Asociación de Hostelería y la Federación Mercantil.
Olano ha apostado por mantener “en la medida en que sea posible y respetando siempre las garantías sanitarias, la actividad económica en Gipuzkoa.
Los presentes se han referido a la primera batería de iniciativas que la institución foral pondrá en marcha de forma inmediata para afrontar esta situación con el foco puesto en las pymes. Uno de los objetivos será el de acercar a éstas la información existente, de manera que puedan beneficiarse de todas las ayudas puestas a su disposición por las diferentes instituciones públicas, y hacer el uso más eficiente de las mismas para paliar los efectos de la pandemia.
Entre otras cosas se creará una guía rápida de recomendaciones para las pymes y se articulará un acuerdo a través de las agencias de desarrollo local para asesorarlas sobre cómo proceder en estos momentos de crisis.
Asimismo Olano ha recalcado que la Diputación facilitará la ejecución de las actividades apoyadas en las convocatorias de ayudas 2019/2020, ligadas especialmente a la competitividad y el empleo, teniendo en cuenta las dificultades que podrían atravesar muchas empresas beneficiarias. Así, la institución actuará con flexibilidad en los plazos de ejecución, de justificación, y de pago.
El impulso del teletrabajo constituye otra de las líneas de esta primera batería de acciones, como una dinámica que puede contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en Gipuzkoa, garantizando la seguridad y la salud. Así se va a reconvertir el programa de Bonos Tecnológicos para apoyar a empresas de menos de 50 personas en plantilla, para sufragar los gastos que hayan realizado o que tengan que realizar próximamente para poder avanzar en esta modalidad.
El programa contemplará todo tipo de gastos relacionados con el teletrabajo (asesoramiento, formación, licencias…) y dispondrá de un presupuesto de 450.000 euros.
Por otra parte Olano ha garantizado que la Diputación “cumplirá con sus compromisos”, asumiendo los gastos ya realizados de aquellos eventos, actividades o ferias en los que su financiación estaba prevista, y que por la alarma sanitaria se hayan visto suspendidos. Además la Diputación priorizará en sus líneas de ayuda y convenios la investigación científica contra el Covid-19 u otro tipo de enfermedades susceptibles de generar pandemias similares.
La primera batería de iniciativas anunciada hoy, que será aprobada el próximo Consejo de Gobierno, contempla también medidas fiscales dirigidas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde un punto de vista operativo, y a aportar liquidez durante el periodo de crisis. En el primer plano la Hacienda Foral ampliará plazos y será más flexible en el cumplimiento de los mismos. En el segundo y dado que la liquidez financiera es el oxígeno que permite la continuidad de los proyectos económicos en los momentos de crisis, la prioridad ha sido definir cuál es la forma más rápida de inyectar liquidez a aquellas empresas y autónomos que se encuentran en dificultades financieras.
Se ha duplicado el límite de los fraccionamientos automáticos (de 150.000 euros a 300.000 euros) para poder fraccionar pagos a 24 meses sin garantías adicionales, con un anticipo del 20% y al tipo de interés legal. Se trata de una medida que permite actuar de forma rápida (la concesión es automática) y ofrecer un periodo de 2 años para aliviar una situación de falta de liquidez con un montante total previsto de 120 millones.
Finalmente en la última reunión del OCTE se acordó actuar de una forma coordinada entre las distintas instituciones que conforman la arquitectura institucional de la CAV. Se compartirá el impacto económico de las distintas medidas aprobadas para que las actuaciones realizadas desde la administración puedan llegar a toda la sociedad y ser mantenidas en el tiempo, a la vez que garanticen la suficiencia financiera de las instituciones en su esfuerzo adicional en el ámbito socio-sanitario.
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