La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a un empresario, e investiga a su socio, por la comisión de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
Las pesquisas se iniciaron a mediados de mayo, cuando los investigadores del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián tuvieron conocimiento de que varios trabajadores extranjeros, en su mayoría ucranianos pero también latinoamericanos, rusos o de Tayikistán, estaban siendo empleados en condiciones gravosas y vulnerando los derechos laborales por un empresario de la construcción de origen ucraniano afincado en Gipuzkoa.
A raíz de esta información, los agentes iniciaron la búsqueda de los trabajadores, logrando localizar a siete de ellos, seis en Gipuzkoa y uno en Barcelona, todos ucranianos.
En sus declaraciones como víctimas, manifestaron haber venido a España empujados por la guerra en su país, llegando algunos solos y otros con sus mujeres e hijos. Ya en San Sebastián, al carecer de permiso de residencia, tuvieron que realizar diversos trabajos precarios hasta que algún miembro de la comunidad ucraniana asentada en Euskadi les recomendó trabajar para un compatriota suyo que regentaba una empresa de reformas de construcción.
En la entrevista con este empresario, les prometía contratos de trabajo para regularizar su situación en España y un sueldo acorde con el convenio laboral, sin embargo, a pesar de que era conocedor de que algunos de ellos vivían en habitaciones de alquiler por 350 euros, sólo les hacía micro pagos en metálico a lo largo del mes por un total de unos 500 euros, siendo prácticamente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de manutención y sin ser dados nunca de alta en la Seguridad Social.
En este sentido, tampoco les ingresaba la nómina completa, alegando que los clientes no le pagaban, y si enfermaban y no podían acudir al trabajo tampoco les abonaba los días que se hubiesen ausentado, diciéndoles que si no trabajaban, no cobraban. Alguno de ellos, relató que les hacía trabajar entre doce y trece horas sin librar ningún día de la semana o sólo los domingos.
En lo que a prevención de riesgos laborales respecta, explicaron que, a pesar de haber tenido que realizar trabajos en altura, nunca les facilitó ningún equipo de protección individual (EPI), y si se quejaban por esta circunstancia les decía que fuesen con cuidado y no les pasaría nada.
En caso de que tuvieran un accidente, les aleccionaba para que contasen que se había producido en otra circunstancia, pero nunca trabajando. Al respecto, uno de los trabajadores explicó que sabía que un compañero que trabajó en un tejado sin EPI sufrió una caída trabajando por la que se fracturó la cadera.
Además, relataron que este hombre les gritaba habitualmente y les amenazaba con deportarlos para ir a la guerra si no se plegaban a su voluntad. Así mismo, contaron a los investigadores que en más de una ocasión se dejaba ver por la obra donde trabajaban acompañado de un hombre de origen español que posiblemente era su socio.
El pasado 15 de junio y tras reunir pruebas suficientes se procedió a la detención de este empresario ucraniano, que tras ser oído en declaración fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado correspondiente. Igualmente, el día 16, tras ser citado en calidad de investigado, también se tomo declaración a su socio español.
Cabe destacar que en la actualidad las siete víctimas tienen su situación administrativa regularizada en España, contando casi todos con permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales derivadas de la guerra en su país.
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