La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a tres personas, la primera de ellas por firmar falsos contratos de arrendamiento para facilitar empadronamientos ilegales, y las otras dos, una pareja, por aprovechar el falso empadronamiento para percibir fraudulentamente hasta 97.000 euros en prestaciones sociales.
Las pesquisas se iniciaron cuando investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE II) de San Sebastián tuvieron conocimiento de que en una vivienda de Donostia había varias personas empadronadas fraudulentamente.
Los agentes descubrieron que el impulsor del fraude era un hombre de nacionalidad marroquí que ofertaba empadronarse en su domicilio a cambio de una compensación económica.
Para ello suplantaba la firma del propietario de la vivienda que tenía alquilada y realizaba falsos contratos de arrendamiento con los que permitía que terceras personas se empadronaran ilegalmente.
Al centrar la investigación en las personas que se empadronaban falsamente, detectaron que uno de ellos residía en el domicilio familiar junto a su mujer e hijo menores, aprovechando así la simulación de la disolución de la unidad de convivencia para percibir, entre prestaciones y pensiones como la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda 1.319 euros, él, y 1.260,34 euros su mujer, lo que suponía que el matrimonio cobraba 2.579 euros al mes. Así, tras remontarse al inicio de las ayudas, lo agentes obtuvieron que la pareja había llegado a obtener de esta forma más de 97.000 euros.
Indagando sobre este matrimonio averiguaron que ambos estaban trabajando para una conocida empresa de mensajería sin contrato y percibiendo un sueldo aproximado de 1.300 euros mensuales sin que declararan estos ingresos.
Además los investigadores también descubrieron que el hombre también cobraba 496 euros mensuales del SEPE en concepto de subsidio por desempleo, al tener declarada una minusvalía que le impedía levantar cargas.
Finalmente, con todas estas ayudas e ingresos ilegales paralelos, los agentes pudieron determinar que el matrimonio investigado llegó a cobrar 3.879 euros netos mensuales.
Por todo ello el pasado 20 de diciembre se detuvo a los tres investigados y a su puesta a disposición judicial. Estando actualmente en libertad a la espera del correspondiente juicio.
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