(EFE).- La defensa del principal acusado de la muerte de Lukas Aguirre, fallecido tras ser apuñalado en San Sebastián el día de Navidad de 2022, ha pedido la nulidad parcial de la causa por «vulneración de garantías procesales y derechos fundamentales» y ha reclamado la puesta en libertad provisional de su cliente.
Lukas Aguirre, de 24 años, falleció la mañana del 25 de enero de 2022, tras recibir dos cuchilladas en un altercado ocurrido después abandonar una céntrica discoteca donostiarra.
Sus familiares, representados por dos letrados diferentes (la madre y sus dos hermanos por una parte y el padre por otra), solicitan 25 años de cárcel para el presunto autor material de los hechos y otros tantos para un segundo varón como cooperador necesario.
También imputan como encubridora a una mujer que acompañaba aquel día a los otros dos investigados y para la que reclama dos años prisión.
La defensa del principal inculpado, ejercida por el letrado Juan Enrique Álvarez Fanjul, formula sus solicitudes en sendos escritos dirigidos al Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, en el primero de los cuales reclama que la investigación judicial de la causa (iniciada en diciembre de 2022) se retraiga hasta el 13 de junio de 2023, «declarando nulas las diligencias practicadas» desde entonces.
Vulneraciones de derechos fundamentales
Alega para ello las «reiteradas denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales» en el procedimiento esgrimidas por las propias acusaciones particulares que ejercen los familiares de Lukas Aguirre.
Asimismo, denuncia la «paralización» de la instrucción «sin causa justa ni legal», en cuanto «a la adopción de diligencias de investigación interesadas por las defensas», que la jueza decidió el 13 de diciembre de 2023, mientras esperaba a que la Audiencia de Gipuzkoa resolviera distintos recursos previos que paradójicamente «no tenían efecto suspensivo».
Todo ello, a pesar de tratarse de una causa con presos, que aconseja «una instrucción sin dilaciones ni paralizaciones», recoge el documento, que también pone de manifiesto la «anomalía procesal, improcedencia y vulneración de derechos fundamentales de todas las partes» que, a su entender, conlleva esta situación.
Una coyuntura en la que, según recuerda, una de las acusaciones particulares reclamó ya en diciembre de 2023 que se diera un «mayor impulso procesal» a esta instrucción que llevaba «detenida la mitad del tiempo» cumplido.
El escrito de la defensa aporta también otros argumentos para solicitar la nulidad de las actuaciones, como la «admisión de grabaciones manipuladas por medios informativos», cuando ya existían en la causa imágenes «originales» de algunas cámaras de seguridad, y que fue impugnada ante la Audiencia, aunque con posterioridad una de las acusaciones las presentó de nuevo «como prueba documental».
Situación de indefensión
En la misma línea, esta defensa recuerda la «situación de indefensión» recientemente denunciada por los abogados de la familia de Lukas Aguirre «como consecuencia de la falta de acceso a la totalidad de actuaciones judiciales» en el procedimiento por la «falta de 50 vídeos de declaraciones».
Critica asimismo en su texto el «ocultamiento por parte de la instructora» a las partes de unas diligencias previas de una «investigación judicial» paralela, ordenada «sobre la actuación de determinados agentes» de la Ertzaintza «intervinientes en la presente causa».
En este contexto, el letrado del principal acusado también ha solicitado la puesta en libertad provisional de su patrocinado por la «vulneración del principio de igualdad de armas», debido a la «infracción de garantías procesales y de derechos fundamentales en la tramitación» de la causa.
Pruebas objetivas
Recuerda en este sentido que su cliente ingresó en prisión provisional sin que existieran «pruebas objetivas que determinen su autoría», mientras el segundo varón encausado quedó en libertad en un primer momento «con medidas» cautelares.
Insiste además en que «no se puede desvirtuar una presunción de inocencia por meras hipótesis» ya que, a su entender, «existen multitud de posibilidades sobre lo que pudo haber sucedido» en este caso.
Mantiene, entre otros argumentos, que «no existe un solo testigo que haya visto» a su cliente «asestar las puñaladas» y que «no se encontraron «restos de sangre» en su pantalón «a diferencia de la encontrada en el pantalón» del otro investigado.
Por todo ello, este abogado reclama la puesta en libertad provisional de su defendido con la obligación de comparecer «diariamente» en el juzgado y con la prohibición de abandonar el país.
No obstante, para el caso de que el juzgado no acceda a esta primera demanda, solicita que sustituya la medida de prisión provisional por un «arresto domiciliario con pulsera de geolocalización».
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