Las asociaciones de Donostia Amara Bai, Erdian Bizi, Dendartean y Haritzalde denuncian irregularidades en la licencia para la construcción del Centro Comercial de San Bartolomé.
En un comunicado explican que «respecto a la licencia para la construcción de un Centro Comercial en la parcela B.20.2 CE.05 San Bartolomé, que el equipo de gobierno municipal va a presentar en Junta de Gobierno para su aprobación el martes 10 de septiembre, la asociaciones vecinales Amara Bai y Erdian Bizi, la asociación de comerciantes Dendartean y Haritzalde Naturzalen Elkartea tienen fundadas sospechas de que dicha licencia es ilegal, entre otros motivos, por la falta de un trámite de información pública del documento que se pretende aprobar».
Las citadas entidades recuerdan que, de acuerdo con la normativa vigente, en las obras en las que el presupuesto de urbanización supera el 5% del presupuesto de edificación, el citado proyecto de urbanización se debe tramitar de forma separada con un trámite de información pública. «La urbanización no se puede aprobar incluida en el procedimiento de concesión de la licencia de edificación, que no se somete a información pública», resumen los denunciantes.
Según estas asociaciones debido a que el proyecto incluye ascensor, muros, escaleras, desvío de servicios, pavimentación de cuatro calles, alumbrado, jardinería etc, «existe la certeza de que el porcentaje indicado en la normativa se supera con creces».
Incluyen entre las críticas que las obras previstas incluyen la excavación del terreno, «una excavación sobre roca de previsible larga duración y que va a afectar a la habitabilidad de las viviendas del entorno y a la salud de quienes viven en la zona». «Entendemos que es inadmisible que dicha excavación se autorice sin que el vecindario y comerciantes tengan la oportunidad de examinar el expediente y poder evaluar en que medida va a verse su vida cotidiana afectada».
Insisten las asociaciones en que «no someter una urbanización con este tipo de problemas a un trámite de información pública para que se puedan presentar alegaciones es un ejercicio de opacidad ilegal, una conducta contraria al principio de transparencia que debe informar las actuaciones de las administraciones públicas». Más información sobre el proyecto de San Bartolomé, aquí.
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