Las asociaciones vecinales de la Parte Vieja de Donostia, Iruñea y Bilbo; de los barrios de Egia, Ulia y Herrera-Altza y la plataforma Bizilagunekin, junto a 36 federaciones y asociaciones del Estado solicitan al Ministerio de Sanidad del Gobierno español modificar la Orden Ministerial del 23 y 30 de marzo y ordenar que se cierre todo alojamiento turístico (piso turístico, hostal y pensión) que comparta servicios comunes con otros residentes en comunidades de vecinos «por ser fuente de expansión del riesgo sanitario del COVID-19 durante el estado de emergencia».
En un comunicado estos colectivos recuerdan que tras la declaración de Estado de Alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el 19 de marzo la suspensión de distintas actividades, entre ellas las de alojamiento turístico. Pero cuatro días más tarde, el Ministerio de Transportes de Movilidad y Agenda Urbana autorizó la reapertura del servicio de alojamiento turístico a colectivos cuya actividad y desplazamiento consideran esenciales: desde sanitarios y personal de mantenimiento hasta personas que se tengan que desplazarse para atender a otras, pasando por los cuerpos de seguridad del estado o quienes realicen tareas de suministro y transporte.
«La autorización no tiene en cuenta que algunos de los alojamientos turísticos autorizados son viviendas de uso residencial en comunidades de vecinos reconvertidas en pisos turísticos. Ni que, junto a muchas pensiones y hostales, carecen de acceso independiente, compartiendo en viviendas de uso residencial, al acceso a elementos comunes junto al resto del vecindario (portal, entrada, rellano, ascensor, escaleras, etc)».
Para los colectivos firmantes desde un punto de vista sanitario «esta medida es un disparate», ya que supone autorizar a personas que por su servicio están en contacto permanente con población de riesgo a que puedan acceder a apartamentos turísticos, hostales y pensiones que comparten con el resto de los vecinos servicios comunes.
«Resulta imposible, tal y como obliga el propio artículo 1 de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo que, compartiéndose elementos comunes entre usuarios de alojamientos turísticos y residentes, se garantice la protección de los vecinos frente al CovidD 19».
La denuncia no queda sólo aquí, ya que según el comunicado enviado por las asociaciones citadas «las viviendas turísticas, muchas de ellas ilegales, siguen operando y eludiendo los controles y restricciones de movilidad que impone el decreto de alarma y las limitadas excepciones al ejercicio de su actividad».
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