Los sindicatos han denunciado hoy en un comunicado que «el Ayuntamiento de Donostia quiere eliminar las primas por jubilación anticipada a partir de mañana». Previendo posibles concentraciones de personal funcionario, esta mañana había numerosos agentes de la Guardia municipal en el edificio consistorial. Mañana se ha anunciado una concentración a las 9.15 horas.
En un comunicado Comisiones Obreras explica que el pasado 4 de mayo «el Ayuntamiento de Bilbao decidió unilateralmente eliminar las indemnizaciones por jubilación voluntaria anticipada para todo su personal tras una Sentencia del Tribunal Supremo referida a la reclamación concreta de un bombero». Tras esta decisión, el Ayuntamiento de Donostia habría decidido del mismo modo la derogación unilateral de las primas, que se hará efectiva mañana 14 de junio. Sin embargo finalmente no será así y se ha optado por recurrir a Eudel.
«Esta prima se regula como un mecanismo de racionalización de los recursos humanos mediante la incentivación de la jubilación anticipada de las personas trabajadoras, permitiendo a las administraciones el rejuvenecimiento de las plantillas y determinados ahorros, cuestiones que se recogen en los planes de racionalización de recursos humanos de las diferentes instituciones, del mismo modo que en las empresas privadas se realiza mediante el contrato de relevo, que no es de aplicación entre el personal funcionario», explica CCOO.
En opinión del sindicato esta suspensión por parte del Ayuntamiento de Bilbao y Donostia constituye un incumplimiento del UDALHITZ, acuerdo que establece las condiciones laborales de los ayuntamientos vascos, y que regula las primas con fundamento en la Ley de la Función Pública Vasca, «lo cual supone además una renuncia a los instrumentos de autogobierno por parte de las administraciones vascas».
Desde CCOO de Euskadi exigen el cumplimiento del UDALHITZ y la no adopción de derogaciones unilaterales. El sindicato se va concentrar en los próximos días en EUDEL para que se convoque la Comisión Paritaria de seguimiento, para estudiar, evaluar y formular recomendaciones respecto del cumplimiento de este derecho, recogido en el acuerdo, por todas las administraciones locales.
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