(EFE). Una mujer española sufrió «violencia obstétrica» en un hospital público de San Sebastián al ser sometida hace diez años a una inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento, según un dictamen emitido hoy por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.
El comité revisó la denuncia de N.A.E., una ciudadana española de 36 años que ha sufrido «un trauma físico y psicológico duradero» a consecuencia de su mala experiencia durante su primer parto, en 2012.
Según el comité, la víctima acudió al hospital donostiarra a las 38 semanas de gestación, tras haber roto aguas, y el centro médico ignoró el periodo protocolo de espera de 24 horas para inducirle el parto, con el argumento de no tener que aguardar hasta la noche para hacerlo.
«Sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo al parto de forma prematura y sin su consentimiento«, insistió el comité, que también mencionó el sometimiento de la víctima a «múltiples tactos vaginales», que no se le permitió comer y que se le práctico una cesárea en la que se le ataron las manos.
Al nacer, el bebé fue inmediatamente llevado al pediatra, por lo que N.A.E., que aún tenía los brazos atados, no pudo siquiera tocarlo en los momentos inmediatamente posteriores al alumbramiento, en los que un primer contacto físico madre-hijo es esencial, según el dictamen del comité.
La denunciante «tuvo que acudir a su médico de atención primaria por síntomas de ansiedad relacionados con su experiencia de parto, y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto», añadió el comité, formado por 23 expertos (22 de ellos mujeres) y presidido por la peruana Gladys Acosta.
N.A.E. llevó su caso a la Justicia española, que tras un proceso marcado por «estereotipos de género y determinación» determinó que era el médico quien debía decidir si practicar una cesárea, y que el daño psicológico alegado por la víctima «era una cuestión de percepción», denunciaron los miembros del comité.
Todos los datos apuntan a que la denunciante fue por tanto víctima de violencia obstétrica, o aquella sufrida en centros de salud durante la atención al parto, «un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas sanitarios», subrayó el dictamen.
«Si médicos y enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada», señaló la experta del comité Hiroko Akizuki.
A la luz de la decisión, el comité de la ONU insta a España a proporcionar a la víctima una «reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos».
También solicita a España que «respete la autonomía y capacidad de las mujeres», brindándoles información completa en cada etapa del parto y garantizando que se obtiene un consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar cualquier tratamiento invasivo durante el parto.
Las autoridades españolas deben asimismo proporcionar a los trabajadores obstétricos formación profesional en materia de derechos de salud reproductiva de la mujer, y similar capacitación especializada al personal judicial y el encargado del cumplimiento de la ley.
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