(EFE). La directora de la entidad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP), Edurne Egaña, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián por las presuntas irregularidades ocurridas en la reordenación de los amarres del muelle donostiarra.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado cita a Egaña para el próximo 12 de diciembre a raíz de una querella interpuesta por un usuario del muelle de la capital guipuzcoana, que ha sido admitida a trámite ante la posible comisión de distintos delitos de prevaricación, coacciones y acoso.
En esta querella, el citado usuario, propietario de una de las embarcaciones del muelle, acusa a la directora de EKP de «arbitrariedad» en el proceso de licitación de los amarres, que califica de «chapuza» que «se ha ido tapando paulatinamente» con otras «sucesivas chapuzas», además de «con acciones y omisiones que tienen apariencia contraria al Código Penal».
El documento critica además la supuesta «arbitrariedad» y ausencia de «transparencia» en todo el proceso de adjudicación de los amarres que presuntamente habría generado «desigualdad» e «indefensión» a los usuarios y licitadores de las plazas y que, según indica el texto, no sería resultado de la «simple incompetencia».
Entre las supuestas irregularidades denunciadas, la querella señala el hecho de que en el proceso se estén «admitiendo varias solicitudes de amarre a una misma persona«, así como «sorprendentemente» a «barcos que no han efectuado ninguna solicitud», además de «adjudicar amarres a embarcaciones excesivamente pequeñas» para las plazas que se les asignan.
Asimismo, denuncia la creación de algunas plazas «de dimensiones excesivas», la admisión de «solicitudes de personas que no tienen barco», así como de embarcaciones «extranjeras», junto a supuestas «solicitudes efectuadas por internet» que «no constan en ningún sitio».
La querella también desvela que el sorteo de las plazas «se ha realizado por ordenador», algo que «ha supuesto errores» y que se ha admitido aunque no se ha llegado a «rectificar».
El documento sostiene que también «se ha vulnerado» el proceso de adjudicación, toda vez que la administración presuntamente «ha modificado las plazas de amarre en medio del procedimiento licitador, incumpliendo por ello la propia norma».
«Se ha procedido a dar una adjudicación sin bases de licitación, se han adjudicado los amarres de forma unilateral sin dar publicidad y concurso público con unas bases ajustadas a derecho y con total transparencia e igualdad en la licitación», resume la querella que insiste asimismo en que de esta manera se han vulnerado «los principios reguladores y la norma marco».
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