El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Donostia ha anulado todas las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento y la Diputación que, tal y como ha expresado la empresa SADE en una nota, «pretendían obligar a SADE a realizar costosísimas obras de rehabilitación del edificio Bellas Artes, incluyendo la impermeabilización de la cubierta (obra realizada subsidiariamente por la Diputación) y la reconstrucción de la cúpula».
En una sentencia comunicada hoy a las partes se confirma que el edificio está en ruina, tal y como lo reconoció el Tribunal Supremo en el año 2001. En este contexto las únicas obligaciones de SADE respecto al edificio «serían las de asegurar su seguridad frente a terceros, con obras urgentes y provisionales, siendo por tanto responsabilidad de la Administración las demás actuaciones que se requieran para consolidar el edificio».
Como consecuencia la sentencia avala la postura que siempre ha defendido SADE frente al Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral, que no reconocían el estado de ruina del inmueble. De esta forma, durante estos casi 17 años las administraciones han sostenido que los propietarios debían mantener el edificio, provocando de facto que se inmovilizara el patrimonio al no tener en cuenta aquella sentencia de 2001. «Esta posición, lamentablemente», añade SADE, «ha provocado la degradación paulatina del edificio y también ha impedido que se pusiera en marcha un nuevo proyecto, como ha ofrecido la empresa donostiarra en repetidas ocasiones, manteniendo la estética del antiguo edificio y otorgándole un uso».
En la nota SADE recuerda también la sentencia del Tribunal Superior de Justica del País Vasco ante la pretensión del Gobierno Vasco de incluir el Bellas Artes en el Inventario de Bienes Culturales. Los tribunales decidieron entonces que si el edificio se protegía debería ser a costa de la administración y no de la empresa, por lo que el Ejecutivo autonómico renunció a proteger el edificio y reconoció que “los valores culturales del edificio no han sido considerados entre el grupo de los de mayor relevancia y singularidad”.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Donostia ha aceptado, tal y como pedía el Ayuntamiento, que deben asegurarse las vigas de 1,80 metros que forman el techo de la sala de cine, acción que debe realizar SADE. Los propios peritos de la empresa donostiarra ya habían detectado la necesidad de sustituir las mismas con un apuntalamiento, tal como recoge la sentencia.
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