La propuesta de renovación por parte de Azora a dos inquilinos cuyos alquileres vencieron el 31 de enero ha supuesto un giro de los acontecimientos tal y como ha informado Stop Desahucios, que espera ahora a conocer las condiciones de las citadas renovaciones. La plataforma se reunió el pasado viernes con el alcalde Eneko Goia para darle a conocer esta nueva circunstancia que arroja luz sobre las más de 300 viviendas que eran de Inmobiliaria Vascongada hasta que ésta fue comprada por Azora. El alcalde apoya las reivindicaciones de los vecinos según Stop Desahucios.
Durante el encuentro con el alcalde, el movimiento social entregó a Goia un listado con 20 contratos más que finalizan en los próximos meses. «El alcalde se ha comprometido a defender la estabilidad de los contratos y que la subida del alquiler esté ligada al IPC», informó la plataforma tras el encuentro.
«Le hemos recordado al alcalde que tanto los inquilinos de Azora como los de la VPO de Benta Berri vienen pagando alquileres en sus respectivos barrios cuya cuantía está dentro de los índices de los precios medios, desglosados por municipios y barrios, publicados por el Gobierno Vasco en octubre pasado», afirma Stop Desahucios, que en este contexto considera que el Ayuntamiento tiene «la obligación moral de impedir la imposición de alquileres por encima de estos índices publicados».
Stop Desahucios recuerda que Donostia es la ciudad de Euskadi con los alquileres más caros, en la que se ubica más de la mitad de los apartamentos turísticos de Euskadi y donde se han instalado mas plazas hoteleras en los últimos años retirando del uso social y residencial edificios enteros y viviendas para el negocio del turismo. «Una ciudad en la que, además, existen 4.000 viviendas deshabitadas sin ninguna penalización cinco años después la aprobación del Canon de la Ley de Vivienda Vasca».
«Los inversores especulativos reconocen que San Sebastián es el tercer destino de los fondos de inversión, por eso ya han aterrizado en el 2018 Blackstone y ahora Azora, precisamente porque no existe regulación alguna que ponga límites a esta burbuja especulativa del mercado del alquiler».
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