(EFE). Vísceras, intestinos, restos de animales, tripas y pieles son algunos de los desechos hallados por la Ertzaintza en agosto de 2018 en un caserío de Asteasu donde, según mantiene la Fiscalía de Gipuzkoa, se sacrificaban corderos por el «rito halal» que luego eran vendidos «sin la calificación de carne apta para el consumo humano».
Así lo ha declarado el agente de la Policía Vasca que instruyó la investigación de este asunto y que ha testificado este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde tiene lugar desde el pasado lunes el juicio por este caso.
Los acusados, un matrimonio que regentaba una explotación ganadera en el citado caserío, se enfrentan a una petición de cinco años y medio de cárcel por parte del Ministerio Público, que les acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ya que los restos de los animales supuestamente sacrificados sin los controles sanitarios adecuados habrían sido vertidos además a una regata afluente del río Alkiza.
La Fiscalía solicita también una multa de 7.200 euros para los imputado y su inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la explotación y cría de ganado de la especie bovina, ovina o caprina.
Durante su declaración de este jueves, el ertzaina instructor del caso ha recordado que cuando acudió al citado caserío el 23 de agosto de 2018 se encontró «un cordero con la cabeza cercenada y abierto en canal», junto a un saco con «pieles», además de «útiles como cuchillos llenos de sangre».
El agente ha explicado que también tomó fotografías de un saco en el que había «vísceras, intestinos, restos de animales y tripas» y ha comentado que un año después de estos hechos la Ertzaintza instruyó un segundo atestado contra los acusados por hechos similares.
El policía ha señalado igualmente que cuando investigó el caso lo consideró un asunto «importante» porque se trataba de animales «en unas condiciones de matanza que no eran las idóneas para el consumo humano» y además los desechos «se realizaban en el monte, a una regata, con su contaminación».
Otro agente de la Ertzaintza, compañero del primero, ha recordado también cómo a los inculpados les fue abierto «un segundo atestado» poco después por hechos «parecidos» y ha desvelado que tuvieron conocimiento de lo ocurrido porque «diferentes caseríos avisaron» de que se «estaba vertiendo restos y pieles de animales por distintos lugares del monte».
En otro momento del juicio, la teniente de alcalde de Anoeta cuando sucedieron los hechos ha explicado que fue el Ayuntamiento de esta localidad el encargado de retirar los sacos con desechos que fueron vertidos en el entorno de la citada regata, algunos de los cuales estaban en lugares de difícil acceso, por lo que fue preciso alquilar maquinaria a una empresa especializada.
Por su parte, una técnico del departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco ha comentado que en la inspección de estos sacos ella únicamente encontró lana de esquilar que «olía fatal», si bien cuando acudió al caserío sí vio un cordero sacrificado, sacos con «vísceras» y 17 pieles «amontonadas».
En otro momento del juicio, un técnico de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno Vasco ha aclarado que cualquier resto de un animal sacrificado sin los controles de un matadero y sin la correspondiente inspección sanitaria podría «tener cualquier zoonosis transmisible a la especie humana» que además, una vez en el agua, podría ser una «fuente de transmisión».
Este experto ha indicado también que algunas de estas vísceras están calificadas como Materiales Específicos de Riesgo (MER) de «categoría uno» por lo que debería ser «destruidas» mediante la incineración.
Seguidamente, ha comparecido un perito especialista en la materia propuesto por la defensa que ha precisado que sólo algunas partes de los animales «que no se comen» tienen la consideración de MER, en prevención del contagio de posibles encefalopatias espongiformes, al tiempo que ha mantenido que la lana de esquilado no se corresponde con esta categoría.
Tras esta declaración, el juicio ha quedado suspendido previsiblemente hasta el próximo mes por la incomparecencia de varios testigos. Está previsto que los acusados no declaren hasta que se celebre la última sesión de la vista oral.
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