Tras la reunión con el Ararteko Manuel Lezertua para esclarecer las quejas referentes al funcionamiento del centro de acogida Bidean, la diputada Maite Peña ha explicado que ya han articulado un proceso para “la coordinación” de los dos procedimientos de inspección iniciado en cada una de las instituciones, siempre respetando “la autonomía y la independencia” de ambas. Las dos instituciones han coincidido en “el objetivo común” de esclarecer “a la mayor brevedad posible” las quejas presentadas. En el transcurso de la reunión se han informado recíprocamente sobre la situación y los pasos dados en la fase de instrucción de ambos expedientes.
Así la Diputación ha solicitado información sobre los contenidos de las quejas presentadas en el Ararteko. Este, por su parte, ha mostrado “su compromiso” para presentar próximamente un estudio preliminar de las cuestiones que deben aclararse, facilitando así a la Diputación, que no cuenta con esa información, que continúe con la tramitación del expediente iniciado.
Mientras tanto el ente foral prosigue con el resto de acciones previstas en la fase de instrucción del expediente iniciado por la diputada Maite Peña el pasado 8 de mayo. Asimismo el Ararteko solicitará a la Diputación información referida a las deficiencias que se detecten en el centro Bidean.
La denuncia
Cabe recordar que lo que ha motivado esta investigación tanto por parte del ente foral como por parte del Ararteko es que el pasado lunes representantes del Movimiento Feminista de Donostia denunciaron «condiciones de insalubridad», «trato negligente por parte de algunas trabajadoras» e incluso «comida caducada» en el centro Bidean de atención a mujeres maltratadas. Se trata de un centro dependiente de la Diputación y está gestionado por la empresa FEPAS.
«No es el hecho de que el piso esté quemado o sea pequeño, sino las cuestiones relativas a las vulneraciones continuas de nuestros derechos», expresaron las representantes de estas mujeres. «Si bien es cierto que la responsabilidad de realizar las tareas de limpieza es de las mujeres, la obligación de planificar las tareas, supervisar la realización de las mismas y no permitir que el centro llegue a unas condiciones de insalubridad tal es de las trabajadoras, además de su obligación de realizar las gestiones necesarias para reparar el mobiliario roto».
Las denunciantes hablaron también del «trato negligente recibido por parte de algunas trabajadoras, quienes no han atendido las necesidades de salud, psicológicas, sociales… de las mujeres, haciendo una total dejación de sus responsabilidades, incluso cuando las mujeres han estado enfermas. Hay testimonios en los que se recoge que algunas trabajadoras han proferido frases humillantes y degradantes hacia las mujeres».
«Por otro lado no se han aportado recursos económicos para el transporte y realización de actividades para estructurar el ocio y tiempo libre para las mujeres sin recursos económicos. Tampoco se han atendido las necesidades de alimentación existiendo una grave carencia de alimento tanto para las mujeres como para los menores. Además nos han estado dando comida caducada».
Las denunciantes, que piden el cierre del centro, el cambio de gestión y reclaman la supervisión por parte de la técnica referente de la Diputación, consideran que todo esto les ha hecho sufrir «un grave retroceso» en su proceso de recuperación.
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