Son siete familias a las que la Delegación de vivienda les han comunicado que sus contratos de alquiler por cinco años improrrogables han finalizado. En el caso de las que viven en Hernani ocurrió entre mayo y julio del año pasado, en plena pandemia. Y las estancias se han ido ‘estirando’. En el caso de Intxaurrondo este mismo mes de mayo. Por todas ellas y por todas las familias que viven en apartamentos dotacionales (adas) con una caducidad muy clara se ha manifestado hoy Stop Desahucios en Donostia.
Tal y como ha explicado la portavoz Rosa García al referirse a los afectados «se trata de familias monoparentales, matrimonios con hijos menores a su cargo, un anciano o una gran discapacitada. Son vulnerables económica y socialmente según consta en los informes de los servicios sociales», ha añadido, sin olvidar que todas estas familias estaban inscritas en las listas de Etxebide y que terminaron recibiendo estos apartamentos creados para la emancipación de jóvenes. «De ahí la duración improrrogable de cinco años», ha lamentado García.
Sandra y Alexandra son las cabezas visibles de dos familias monoparentales con un hijo menor a su cargo y que excedieron en 2019 en 839 euros y 143 euros respectivamente el tope de 12.000 fijado para unidades familiares de dos miembros. Por ello el Gobierno Vasco les denegó el derecho subjetivo a una vivienda digna, ya que sobrepasaban el tope de renta fijado en la Ley de Vivienda. «¿El Gobierno vasco y el consejero Arriola piensan que con estos ingresos pueden alquilar una vivienda en el mercado privado?», se preguntaban hoy los concentrados en defensa de estas familias.
Rosa García se ha referido también al aumento exponencial en los últimos años de los desahucios por impago de los «alquileres especulativos y sin control, muchos suspendidos gracias a los decretos antidesahucios cuya última prorroga finaliza el 9 de agosto». Y a los inquilinos de las viviendas protegidas de Lasarte, Irun, Errenteria y Zumaia cuyos alquieres pasan a depender del mercado. También a «las ineficaces políticas de vivienda que han hecho los gobiernos desde la aprobación en junio de 2015 de la ley de vivienda vasca, estancada y sin desarrollar».
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