En «situación desesperada» se encuentran muchas familias en Gipuzkoa por la dificultad del acceso a la vivienda. Hoy Stop Desahucios, Alokairu-Benta Berri e Inquilinos de Azora se han concentrado con docenas de personas frente al Gobierno vasco en la calle Andia. «En cuanto ven mi pensión me dicen que no me alquilan», explica Estibaliz Salvador. «Yo he logrado un alquiler solo por medio de unos conocidos», añade Maitane Frutos. El precio de los arrendamientos en Donostia, la escasez de vivienda social y la irrupción de fondos buitre son asuntos peliagudos que dejan al borde de la exclusión a demasiadas personas en este Territorio.
Maitane Frutos tiene 21 años y trabajó como cajera y reponedora, también en limpieza y hostelería. Tiene una hija de año y medio y de un tiempo a esta parte no encuentra trabajo. Las ayudas sociales que recibe, cercanas a los mil euros, le dan para vivir, pero no para lograr un alquiler en el mercado convencional. «Los propietarios no quieren alquilar a personas que cobran ayudas. Me costo mucho, pero gracias a un amigo de un familiar ahora tengo un contrato y vivo en Beraun. La única forma de tener un techo es a través de amigos», asegura esta joven.
Al precio de los alquileres se les suma, también, las exigencias añadidas que convierten en quimera la vivienda para muchos: dos meses de fianza, la comisión cuando es a través de una agencia, en ocasiones un seguro de hogar y en algunos casos avales de familiares o bancarios.
El caso de Estibaliz Salvador, que también se encontraba hoy en la concentración, incluye aún más problemas. También tiene un hijo, en este caso de diez años, y lleva desde 2011 inscrita en las listas de Etxebide y Etxegintza.
Ahora está pendiente de las promociones de Txomin Enea mientras planea sobre ella otro asunto: el de Azora, el fondo buitre que compró Inmobiliaria Vascongada. «Vivimos de alquiler en la Avenida Ategorrieta, propiedad de Azora, y en cualquier momento nos echan», explicó Salvador para DonostiTik.
Esta mujer de 45 años está jubilada por enfermedad, padece narcolepsia, y cuenta con una ayuda de 759 euros. «En cuanto se ve mi pensión me dicen que no me alquilan. Además en Donostia están por los nubes hasta las viviendas de los barrios obreros», afirma. Y las estadísticas estatales le dan la razón.
Son solo algunos de los casos que se veían representados hoy en la concentración convocada por Stop Desahucios, Alokairu-Benta Berri e Inquilinos de Azora. También estaban los 52 vecinos de las VPO de Lasarte que conocen la intención del arrendador de subir el alquiler en agosto más del 50% y a los que seguirán las 20 familias de Zumaia y las 520 de Benta Berri, los inquilinos de alojamientos dotacionales de Hernani e Intxaurrondo, etc.
Para salir de situaciones como éstas Stop Desahucios, Alokairu-Benta Berri e Inquilinos de Azora insisten en las siguientes reivindicaciones. «El Gobierno vasco tiene la obligación de garantizar a los inquilinos de las VPO la continuidad de los alquileres asequibles después de su liberalización. Y a los vecinos vulnerables de los apartamentos dotacionales con contratos por cinco años otra vivienda social o la prórroga del alquiler hasta obtenerla».
Igualmente insisten en que hace falta un decreto antidesahucios, en que es necesario un control de los precios del alquiler, en que es urgente que haya más viviendas de alquiler social y políticas ante las viviendas vacías y en que faltan medidas para impedir la llegada de más fondos buitre como Testa Blackstone en Benta Berri o Azora tras la compra de Inmobiliaria Vascongada.
Deja un comentario