(EFE). Tres vecinas residentes en los edificios propiedad de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) en el barrio de Trintxerpe que serán derribados por las obras de acceso ferroviario al puerto han denunciado este lunes que las viviendas que les han ofrecido como realojo «están en Donibane», «abandonadas y en un deficiente estado de conservación».
Estas tres afectadas, que tienen contrato de arrendamiento vigente en los edificios que serán demolidos, han respondido de esta manera al comunicado en el que la APP aseguró el pasado miércoles que «trabaja en la búsqueda de soluciones» para «todos los vecinos» y que «está comprometida» con su realojo.
Esta situación es consecuencia de las obras para la entrada en ancho métrico ferroviario al puerto, que está previsto que arranquen en el segundo semestre de este año y que conllevarán la demolición de esos edificios que albergan actualmente doce viviendas habitadas, cinco empresas y cuatro asociaciones deportivas.
El origen
La APP explicó en su comunicado que los pisos «se adjudicaron en origen» a empleados del puerto de mantenimiento que suscribieron «contratos de arrendamiento» con vigencia vinculada a la continuidad del trabajador en la plantilla.
Según su versión, se establecieron entonces «unas rentas bonificadas a estos inquilinos» y en 1969 «se incorporó un derecho de prórroga» que alcanzaba al arrendatario también jubilado o a sus viudas, hijos o beneficiarios «mientras percibieran pensiones del Estado» u entidades análogas.
Aquella prórroga recogía además, alegó la APP, que en el caso de que la dirección del puerto necesitara las viviendas podría «disponer el traslado de sus ocupantes» a otras suyas o del «Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas».
En una nota remitida a EFE, tres de las afectadas sostienen ahora que los contratos de arrendamiento que se firmaron en junio de 1966 «no establecían rentas bonificadas».
«Los salarios que percibían los trabajadores que firmaron los contratos ascendían a unas 1.500 pesetas y las rentas mensuales que se abonaban por cada una de las viviendas ascendía a unas 700 pesetas, por lo que en su momento no fueron rentas bonificadas«, recalcan.
Desvelan además que la indemnización media acordada para compensarles por los derribos ha sido cifrada «en unos 116.000 euros», si bien advierten de que a esta compensación habrá que «descontar el pago del IRPF que, dependiendo de la fecha del fallecimiento de sus maridos, les va a suponer un recorte que puede llegar a un 25 %».
«Además, queremos dejar constancia -indican estas mujeres- de que no nos parece de recibo que para llegar a dichas cuantías hayan calculado la edad que según la Autoridad Portuaria vamos a vivir».
«Somos mayores pero hoy por hoy somos autónomas y queremos seguir siéndolo cada una de nosotras en nuestra casa. Nos parece una falta de respeto y una discrimación por edad que no podemos aceptar», remarcan.
Todas ellas destacan también el «mal estado en el que se encuentran los elementos comunes de las viviendas» que se prevé derribar y «que desde hace muchos años no han sido conservados por la Autoridad Portuaria».
«El interior de las viviendas lo hemos ido arreglando cada uno de los vecinos para vivir con dignidad y porque han sido varias las veces que la Autoridad Portuaria nos ha realizado propuestas de venta que nunca han llegado a buen término», desvelan.
«En este momento debido al mal estado de la fachada y las terrazas está habiendo importantes filtraciones que están afectando al interior de las viviendas», critican.
Estas afectadas demandan asimismo una reunión con el Consejo de Administración del Puerto de Pasaia porque, según matizan, sus miembros «han sido los que con sus votos han decidido lo que va a ser su futuro«, al tiempo que dicen haber «echado en falta» una llamada por parte del alcalde de Pasaia.
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