(Laura Camacho/Sagrario Ortega/EFE). Fue en los conocidos como años de plomo cuando el Gobierno de Felipe González, con el acuerdo de las fuerzas mayoritarias, inició una política de dispersión de los presos de ETA a la que este viernes se ha puesto fin tras más de tres décadas en vigor, en las que todos los gobiernos han ido acercándoles a cárceles vascas y navarras, donde ya se encuentran todos los que aún cumplen condena.
Los cinco traslados que hoy ha anunciado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dan por finiquitada una política antiterrorista que se generalizó a partir de mayo de 1989 con el objetivo de separar a los terroristas encarcelados de la férrea disciplina de la banda y facilitar su reinserción individual.
Pero como han señalado fuentes del Ministerio del Interior, la política de dispersión «acabó el día que el Estado de derecho derrotó a ETA».
A lo largo de estas más de tres décadas la reversión de esta medida ha sido una cuestión siempre polémica y relacionada con periodos de alto el fuego de ETA, ya que los distintos gobiernos de PP y PSOE han llevado a cabo acercamientos de presos al País Vasco en momentos como parte de las negociaciones que todos han mantenido o en los que parecía próximo el fin de la violencia.
Una vez que ETA anunció en octubre de 2011 el fin de la actividad terrorista y de que en 2018 se disolviera, los movimientos carcelarios de los etarras se intensificaron.
Y en este proceso siempre han sido las víctimas del terrorismo las que se han revuelto contra cualquier medida que implicara que un etarra estuviera más cerca de su domicilio o que pudiera acceder a la semilibertad o libertad. «Ni un día más, pero tampoco ni un día menos», ha sido su lema.
Enfrente han tenido a los familiares y las asociaciones afines a los reclusos etarras, que han esgrimido la discriminación que sufrían respecto a otros presos, puesto que la política general penitenciaria es intentar que el interno cumpla condena en una cárcel próxima a su entorno, un criterio que ha compartido el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pero no ha sido su único argumento para intensificar los traslados durante su mandato desde que en 2018 Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. «La política de dispersión era una política antiterrorista. Vencida ETA, desaparece».
Tres años de que el PSOE gobernara, el propio ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz ya ponía sobre la mesa lo que finalmente ha culminado. «Si ETA se disuelve, en la medida que la dispersión es causa de la pertenencia a una organización terrorista, pues muerto el perro se acabó la rabia».
Inicio de la dispersión
Aunque ya se estaban trasladando a cuenta gotas a etarras a cárceles alejadas del País Vasco en 1987 y 1988, no fue hasta mayo de 1989 cuando el Gobierno del socialista Felipe González generalizó una dispersión de reclusos que supuso el mayor movimiento de la democracia.
Pese a que desde ese Gobierno se tardó en reconocer esos traslados, ya algunos ejecutivos autonómicos como los de Baleares y Canarias alertaron de que se estaban produciendo.
Hasta entonces los etarras estaban concentrados en tres centros penitenciarios: Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Alcalá-Meco (Madrid) y Carabanchel (Madrid), donde también se encontraban las mujeres.
Los terroristas estaban separados del resto de los reclusos y sometidos a una férrea disciplina por parte de la dirección de ETA que hacía imposible la disidencia y se demostraba con acciones concertadas en las tres prisiones.
Con la dispersión, el gobierno socialista trató de romper el denominado «frente de makos» y facilitar la reinserción de presos más proclives al arrepentimiento al alejarles de lo que el entonces ministro de Justicia Fernando Múgica denominó «sus jefes mafiosos».
Comienzan los acercamientos
Desde su llegada al poder en 1996, el Gobierno del PP presidido por José María Aznar dio pasos para flexibilizar la política de dispersión de presos etarras; a finales de junio de ese año se trasladó a prisiones próximas al País Vasco a 30 con el objetivo, según el entonces responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, de «minimizar los efectos» que la condena tenía sobre su entorno familiar.
En 1997 y 1998 se produjeron más de 50 acercamientos de presos etarras, siempre en función de la situación individual de cada uno, según el Ejecutivo, que en 1998 trasladó a la península a todos los etarras encarcelados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En total, el Gobierno de Aznar acercó a 496 presos de la banda. Precisamente el entonces presidente justificó estos traslados como una decisión «meditada» y «que continuará» de forma individualizada. Porque su objetivo era actuar para conseguir la paz en el País Vasco.
Ya de nuevo con los socialistas en el Gobierno, esta vez al frente de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la cifra de acercamientos se situó en 237.
Fue a partir de 2008 cuando el Ejecutivo institucionalizó la denominada vía Nanclares a la que llegaron a acogerse una treintena de etarras que fueron trasladados a Nanclares de la Oca (Álava), Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) después de haberse desmarcado de la banda terrorista.
Aunque con el Gobierno de Mariano Rajoy solo se contabilizaron 40 acercamientos, la voluntad de su administración era seguir con esta política siempre y cuando el etarra cumpliera una serie de requisitos, como colaborar con la justicia o pedir perdón.
El impulso final
Cuando ya ETA ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los españoles -el último atentado fue en 2010 en Francia-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un impulso a los acercamientos de tal manera que ya ningún preso duerme en una celda fuera del País Vasco o Navarra.
Un impulso que ha coincidido con el traspaso en octubre de 2021 las competencias en materia penitenciaria al País Vasco, donde hay tres prisiones: la alavesa de Zaballa; la de Martutene, en San Sebastián y la de Basauri, en Vizcaya.
Actualmente son 164 los internos de la banda en las tres prisiones vascas y 11 en Navarra. A ellos habría que sumar los 12 que aún quedan en cárceles francesas.
Y en este escenario algunas de las asociaciones de víctimas, que han visto en la liquidación de la dispersión un pago a EH Bildu por su apoyo al Gobierno de Sánchez, auguran ya el capítulo final del libro que hace más de 50 años empezó a escribir ETA: la salida a la calle de todos los terroristas.
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