(EFE). La presunta responsable de la muerte en Zumaia de una nonagenaria aquejada de demencia, cuyo fallecimiento inicialmente se pensó que podía ser accidental, se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que tras las revelaciones de la autopsia, la acusa de asesinato.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se produjeron sobre las 23.12 horas del 21 de noviembre de 2020, cuando la acusada, de nacionalidad extranjera y que por entonces tenía 31 años, se encontraba a solas en la vivienda con la víctima y, «por motivos no esclarecidos», presuntamente decidió «poner fin» a su vida.
De esta manera, presuntamente le tapó la boca y la nariz «con algún objeto irregular» que le impidió respirar y ocasionó a la víctima una «insuficiencia cardiorrespiratoria aguda» y una «anoxia encefálica» debida a una «asfixia por sofocación».
Superioridad física
Para cometer estos hechos la inculpada se habría aprovechado de su «superioridad física», dado que la víctima tenía 91 años, tan sólo pesaba 50 kilos y, entre otras enfermedades, padecía «demencia» con «un grado de dependencia grave». Unas circunstancias en las que la acusada era «consciente» de que la anciana «no podía defenderse».
El documento de la Fiscalía recuerda que en un primer momento se planteó que el fallecimiento de la mujer podría ser resultado de un accidente en el que la víctima se habría golpeado ella misma «de forma repetida» contra las barras de sujeción de la cama», ya que «presentaba múltiples lesiones craneofaciales, así como fracturas óseas».
De esta manera, «no se solicitó una valoración inmediata» de su muerte e «incluso» tuvo lugar una «manipulación» y «limpieza» de la «escena» antes de la llegada de los servicios de emergencia, lo que también limitó y dificultó la «interpretación» de los «posibles indicios» existentes en el lugar.
Múltiples asistencias por caídas
Se daba la circunstancia además de que la anciana contaba con antecedentes médicos de «múltiples asistencias por caídas», referidas por su cuidadora, aunque generalmente se habían saldado con «lesiones aisladas y de menor relevancia».
A pesar de todo ello, la autopsia determinó finalmente que la víctima «difícilmente» podría haberse causado «ella sola» las lesiones que presentaba al ser descubierto su cuerpo, «atendiendo» a su historia clínica de «deterioro progresivo y escasa reactividad».
La necropsia constató además la existencia en el cadáver de diversas lesiones «a nivel perioral», equimosis en el interior de la mucosa de la boca y un «cuadro petequial» en las conjuntivas y en la piel, que resultaban «compatibles con un mecanismo de asfixia por sofocación», algo que condujo a determinar que el fallecimiento respondía a una etiología homicida desde el punto de vista médico legal.
Otros mecanismos
El escrito de la Fiscalía desvela asimismo que las lesiones halladas «no respondían exclusivamente a un mecanismo de producción que pudiera relacionarse con las barras de sujeción» de la cama sino también a «otros mecanismos» que «no tendrían explicación» en una hipótesis accidental.
Recuerda, en este sentido, que cuando los servicios sanitarios llegaron al domicilio la víctima ya había muerto y que más tarde se descubrió que la acusada habría limpiado tanto a la fallecida como el entorno en el que se encontraba, aunque luego se localizaron en la vivienda «distintas estancias con manchas de sangre», al igual que en la ropa de la procesada.
Asimismo, tras ser retirado el cadáver, se encontraron manchas de sangre en el lado inferior de la almohada.
Delito de asesinato
Por estos motivos, el Ministerio Público considera que la encausada es autora de un delito de asesinato por el que pide para ella 22 años de prisión y que una vez sea excarcelada permanezca en situación de libertad vigilada otros diez años.
No obstante, también demanda que una vez se le conceda la libertad provisional sea expulsada de España con la prohibición de regresar durante diez años.
La familia de la fallecida ha renunciado expresamente a las acciones civiles que pudieran corresponderle. Un tribunal del jurado será el encargado de enjuiciar estos hechos.
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