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Más que cifras

45 denuncias en Gipuzkoa por agresiones de hijos a sus padres en 2023

La Fundación Amigó considera que estas cifras reflejan un "grave problema social" que en la mayoría de los casos permanece oculto

(EFE). En Euskadi se registraron 171 denuncias de hijos a sus progenitores en 2023, 45 en Gipuzkoa, según un estudio sobre violencia filio-parental que publica este jueves la Fundación Amigó, que alerta de que solo se denuncian los casos más graves, que suponen entre el 10 y el 15 % del total.

Según sus cifras, en 2023 hubo 171 denuncias en el País Vasco frente a las 197 de 2022, lo que supone un descenso del 13,1 %. De ellas 120 fueron en Bizkaia, 45 en Gipuzkoa y 6 en Álava.

En el conjunto de España, los expedientes abiertos a jóvenes por violencia filio-parental se mantienen por encima de los 4.000, cifra similar a la de los últimos años. En concreto, durante 2023 se registraron 4.416 procedimientos incoados a menores por este tipo de delito, frente a los 4.332 registrados durante 2022.

La Fundación Amigó, entidad sin ánimo de lucro que trabaja con la infancia y juventud más vulnerable, señala en su informe que estas cifras reflejan un «grave problema social», que en la mayoría de los casos permanece oculto.

La media de edad de los hijos implicados en estos casos es de 15 años y medio, y la de los progenitores de 43. Además constata que en el 49 % de los casos los menores presentan algún tipo de adicción.

Se dan más denuncias contra hijos varones (56 %) que contra las chicas (44 %). El 30 % son hijos únicos y en muchas ocasiones (54 %) se aprecia un descenso en su rendimiento escolar.

También se observa que en el 23 % de los casos han sufrido acoso escolar, y el 32 % de ellos han sido testigos de algún tipo de violencia.

Por comunidades, Andalucía es la que acumuló más denuncias, 1.012, seguida de Madrid, con 764, y de la Comunidad Valenciana, con 680.

La Fundación Amigó ha alertado de que en los últimos años se ha observado una tendencia al alza de esta problemática, pese a que solo una mínima parte de los casos se denuncia judicialmente, por lo que cree «fundamental seguir visibilizando esta realidad y potenciando recursos especializados para su abordaje».

Para ello es necesario trabajar de forma integral y multidisciplinar para poder ofrecer herramientas a todos los miembros de la familia y a los agentes socioeducativos que tienen relación con estos menores y con sus padres. 


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