24 personas fueron asesinadas por ETA cuando ejercían de concejales o tras haberlo sido. Hasta 1991 fueron 8 las personas asesinadas y entre ese año y 2011 otras 16 personas. «El impacto de la amenaza sobre el colectivo de concejales señalados no era solo una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva y con efectos permanentes sobre la totalidad de su vida personal y la de sus familias», expresa el informe presentado hoy sobre la injusticia padecida por concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011). Este estudio, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose desde la anterior legislatura y que en conjunto configuran una contribución, ordenada por piezas, al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas.
En el informe también se refleja el número de concejales por año que llevaron escolta en el periodo 1991-2011 y que fueron protegidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La mayor parte de estas personas estuvieron escoltadas en un periodo como mínimo de 1 año y hay casos de hasta 13 años.
La gran mayoría tuvo que comenzar con estos operativos a partir del año 1999, que es el punto de inflexión en el que se recrudeció la estrategia de acoso, intimidación e incluso asesinato del colectivo de concejales y que también coincide con el final de la tregua de 1998.
Análisis cuantitativo
El equipo redactor del informe ha llevado a cabo 14 entrevistas con un cuestionario semiestructurado.
La mayoría de las personas entrevistadas ejerció el cargo de concejal en municipios del País Vasco entre los años 1991 y 2015. Adicionalmente también se recoge el punto de vista de familiares de estos cargos públicos para reflejar el impacto que este acoso tuvo en las personas con las que convivían.
Las amenazas fueron constantes, en muchas de las ocasiones en espacios públicos, y con una clara intención de amedrentar a sus destinatarios y destinatarias cuyos nombres y apellidos con frecuencia eran explicitados en la amenaza.
Toda esta presión y acoso sufridos día tras día, sin interrupción, provocaron sufrimientos intensos, profundos y prolongados con sentimientos de aislamiento, soledad y amenaza constante. Algunas de las personas entrevistadas relatan que las afecciones a la salud no tardaron en manifestarse, incluso, en ciertos casos, años después con un diagnóstico de estrés postraumático.
También queda reflejado en estas entrevistas el caso de personas que, tras sufrir ataques en su propia casa, se vieron obligadas a cambiar de domicilio y vivir escoltadas en su residencia fuera de Euskadi. Las entrevistas ponen de manifiesto que la principal fuente de ansiedad tuvo que ver con la afección que en sus familiares tuvieron las coacciones y la violencia ejercida contra las concejalas y concejales.
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