La coordinadora Donostia Defendatuz lleva por subtítulo ‘Por un urbanismo legal, participativo y sostenible’, y se ha presentado hoy en sociedad en el Ayuntamiento de la capital gipuzkoana. A pesar del lugar escogido para el acto, su intención de fondo es “unificar la denuncia contra la política urbanística municipal de Donostia”. Su primera actividad divulgativa será el lunes 28 de enero en el Koldo Mitxelena, una mesa redonda bajo el título ¿Qué está pasando en Donostia? Poderes y política urbanística, al descubierto.
El movimiento opina que el urbanismo municipal actual está en manos privadas, y trata de construir “un modelo de ciudad para el negocio, en lugar de una ciudad para vivir”. El grupo se declara “apartidista”, y está formado por “entidades y movimientos sociales a los que nos une la preocupación y defensa de la ciudad”. Concretamente Dendartean, Ondare-SS, Uliako Auzo Elkartea, Bizilagunekin, Belartza 2 Gelditu, Satorralaia y grupos naturalistas como Haritzalde.
Donostia Defendatuz quiere dar voz “a las pequeñas luchas locales”, y con la intención de integrar a todo movimiento activo y disconforme con “la mala gestión municipal”. No en vano, consideran que dicha “agresiva política urbanística” del consistorio ha ocasionado gran “indignación entre ciudadanos y colectivos”.
La coordinadora “echa a andar a raíz de la reciente multiplicación de polémicas” en torno al urbanismo, como la pasante del metro, la prevista creación de “grandes macro superficies comerciales en la periferia de Donostia, la destrucción y artificialización de suelo verde, la tala pasiva de arbolados”, la desprotección y derribo continuado de inmuebles característicos y singulares o la incesante apertura de hoteles, entre otros”.
En manos privadas
Para Donostia Defendatuz, esto es resultado de que las políticas municipales “favorecen sistemáticamente a grandes intereses económicos, como promotores, grandes superficies y cadenas. El Ayuntamiento, creen, lo hace porque “persigue la financiación de sus arcas a cualquier precio”.
Denuncia el nuevo movimiento la “ambigüedad normativa” y “falta de transparencia” en las que se escudarían las malas prácticas, como aprobar cambios den el Plan General de Ordenación Urbana que “destruyen el pequeño comercio y el patrimonio arquitectónico y ambiental”.
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