El precio del deseo de tener familia

Todos recordamos aquellas estupefactas caras de una multitud de padres blandiendo sus DNIs ante la puerta cerrada del Consulado de España en Kiev, «exigiendo» la inscripción de sus hijos traídos al mundo mediante un vientre de alquiler en una clínica ucraniana y alegando como razones urgentes para hacerlo el fin de un permiso laboral concedido por su empleador u otras de tipo médico que necesitaban el pronto regreso de los bebés a nuestro país para ser tratados en la Sanidad pública.

Pese a las exigencias planteadas por unos padres primerizos y angustiados no exentas de una más que cuestionable ingenuidad sobre el complicado negocio jurídico por el que habían traído a sus hijos al mundo, «ay amigo», la gestación subrogada en nuestro país está prohibida.

El Código Penal en al Art. 221 prohibe expresamente la entrega de un ser vivo mediante compensación económica. Es decir, la venta de un bebé. Se contiene aquí una doble prohibición: la de contratar un vientre de alquiler y la de ser vientre de alquiler en nuestro país.

Pero legalmente la situación no termina aquí, dado que las técnicas de reproducción asistida con donación de óvulos o esperma por ejemplo que sí son legales en nuestro país tienen una normativa más específica: la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Asistida establece en el artículo 10 que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o un tercero.

Es decir, que contratar un vientre de alquiler es un negocio inválido en nuestro país pero no contiene en sí una sanción específica si se hace en un país dónde esté legalmente permitido como puede ser E.E.U.U. (algunos Estados como California), Canadá, India y Tailandia, que acaban de restringirlo a sus nacionales para evitar el tráfico, o Rusia y Ucrania.

Con el aumento exponencial de niños provenientes de vientres de alquiler extranjeros, el Ministerio de Justicia en 2010 aprueba la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). La finalidad de dicha instrucción es la inscripción directa en el Registro Civil español, asegurando así la protección de estos menores.

Para ello deben cumplirse una serie de condiciones:

  • En el país en el que se ha llevado a cabo el proceso de gestación, la filiación debe haberse establecido mediante resolución judicial dictada por un tribunal competente.

En el caso de Estados Unidos y Canadá, la aplicación de la normativa aprobada en 2010 sería relativamente sencilla, ya que la sentencia dictada por los jueces estadounidenses y canadienses es aceptada y reconocida en España.

Sin embargo, para los niños nacidos en otros países, no se puede hacer una inscripción directa puesto que no se aporta una resolución judicial que determine la filiación. Este es el caso de Ucrania y Rusia.

En estos casos, si el padre de intención es el padre biológico, el bebé podrá ser registrado como hijo suyo y de la gestante con la partida de nacimiento en la que debe figurar el nombre de la gestante. Así, con el documento de renuncia de la gestante a la maternidad del niño y el consentimiento a la adopción, la mujer del padre biológico, es decir, la madre de intención, podrá adoptar al recién nacido. Presentaremos ante el Juzgado correspondiente la demanda de Adopción del hijo de mi cónyuge.

Es decir, que se abre la “puerta trasera” a los bebés concebidos de esta manera en el extranjero vía su inscripción en el Registro Civil para dar una solución a una situación que existe “de facto” pero que (no lo olvidemos) está terminantemente prohibida.

Se abría más bien, ya que con la nueva Orden dada por el Gobierno actual el pasado 16 de febrero de 2019 se cierra definitivamente la posibilidad de inscribir bebés sin la correspondiente sentencia judicial con homologación directa por España. Es decir, como bien reconoció la portavoz del Gobierno en unas declaraciones en la radio, éste hila muy fino, ya que se pretende erradicar la explotación de otras mujeres en el extranjero como presumiblemente ocurre en esta clínicas ucranianas, sin que se prohíba recurrir a esta técnica en los países que la practican con garantías y un coste económico en consonancia a las mismas en interés de los menores ya nacidos.

Este tema va a estar en la agenda de los partidos políticos este año y los siguientes hasta que se alcance un consenso que requiere de una respuesta contundente y firme desde una coordinación internacional asimilable a la prohibición internacional de tráfico de órganos humanos alcanzada mediante el Convenio de Santiago de Compostela en 2015.

Los dilemas políticos son todavía mayores si saltamos a la esfera de la ética. El Comité de Bioética de España se muestra bastante rotundo en su informe sobre la maternidad subrogada: «El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. La mayoría del Comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio».

La Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños para el Consejo de Derechos Humanos ahonda en el tema y advierte de que «la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica gravemente los derechos de las madres y sus hijos».

Mientras tanto se impone un debate previo desde la cordura que englobe las garantías legales para todos los participantes, que en este caso son muchos: el bebé, los padres y la gestante, las razones terapéuticas para recurrir a esta técnica como es el caso en nuestro vecino Portugal, asegurar las condiciones médico – sanitarias en su realización para erradicar esa imágenes dantescas de «granjas de bebés» que nadie puede soportar ver y el carácter estrictamente voluntario de la gestante que acabaría con el turbio negocio que hay detrás como es el caso de Irlanda, Australia y Canadá.

Y aquí lo dejo, esperándo sólo aportar datos objetivos para animar esas charlas que espontáneamente se abren sobre este tema desde una mayor claridad a la hora de posicionarse a favor o en contra como sucede en un debate tan polarizado como éste.

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