¿Derogar la Ley de violencia de género en un país con 1.500 fallecidas en quince años?

Tras un 2018, movido y cargado de sorpresas, no todas buenas en lo político, comenzamos 2019 con las negociaciones de los partidos de centro, derecha y ultra derecha (según su propia calificación) para gobernar la Junta de Andalucía, el gobierno del “cambio”.

Comenzamos el año, una vez más, poniendo en jaque una medida que atañe directamente al ámbito femenino en su realidad más violenta y en su esfera más política, y con la insistencia del partido Vox en derogar la Ley de Violencia de Genéro por, según su programa, discriminar a los hombres, amparar las denuncias falsas y no servir para evitar que se sigan cometiéndo crimenes machistas en nuestro país. Para sostener estas afirmaciones se aportan datos más o menos confusos y a veces ni eso, y basta con la opinión del portavoz de turno. A la hora en que escribo esta crónica Vox ha desistido de hacer valer esta medida en Andalucía pero esta potencial derogación sigue vigente en su ideario de campaña.

Arrancamos el año también con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de enero 2019, que en sentido contrario viene a consagrar como doctrina que cualquier violencia ejercida por el hombre sobre la mujer es violencia de género, con independencia del contexto en que se produzca o la intencionalidad del varón, en este caso la pelea de una pareja. Es decir, una agresión mutua. La sentencia cuenta con cuatro votos particulares en contra de los 14 magistrados que conforman el tribunal.

Respecto al debate sobre si las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género suponen un trato discriminatorio para los hombres, me parece interesante traer a colación las conclusiones del I Foro Judicial del Diario Vasco celebrado en Tabakalera el pasado 21 de noviembre con un aforo ‘sold out’ y unas intervenciones brillantes sobre el tema ‘La víctima de la violencia machista en sistema judicial’. Porque al final sólo los datos podrán aportar una luz de esperanza en la época tan oscura.

El número de víctimas mortales desde 2003 en todo el Estado es de 1.500 mujeres en total y sólo cuentan aquellas asesinadas por sus parejas o ex parejas, no cuentan por lo tanto Diana Quer, Laura Leulemo, Marta del Castillo, etc, aunque se está reflexionando sobre la necesidad de incluir también estas muertes en aplicación del Convenio de Estambul del que España es firmante y que ya analicé en un post anterior. Son, para poner cifras, 100 mujeres muertas al año, lo que nos arroja una media de 2 mujeres asesinadas a la semana desde hace quince años, initerrumpidamente.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Magistrado Juan Luis Ibarra Robles, constató que el principal escollo para la correcta implementación del Pacto de Estado contra la violencia de género y su desarrollo legislativo en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes 9/2018 es la falta de dotación económica, dado que ésta es una de las materias que más recortes ha padecido desde 2013. Como ésta es una competencia descentralizada, Euskadi sí aumenta en el año en curso un 2% la dotación económica. No lo hará previsiblemente Andalucía, así que el nivel de protección para las mujeres va a comenzar a diferenciarse fuertemente entre cada Comunidad Autónoma, algo inadmisible en un Estado de Derecho como el nuestro.

Contra aquellos que esgrimen la tan manoseada “denuncia falsa” hay que decir que en 2017 los juzgados de violencia de género tramitaron 204.000 denuncias con un 87% de sentencias condenatorias. Ello obliga a replantear de nuevo la formación específica en género de jueces y magistrados que sí se da en Euskadi pero no en todo el resto del Estado, lamentablemente.

Existe una falta total de coordinación entre el ámbito social y judicial que impide hacerse cargo desde la globalidad de uno de los colectivos que más sufren en estos caso: los hijos de la víctima y del maltratatado. Así que se va imponer la figura del defensor judicial en defensa de sus intereses específicos que a veces difieren de los del padre superviviente.

Existe, a decir del Magistrado, una sensación final de “fracaso” de la Justicia. Sus responsables no pueden sino constatar un aumento de los casos alejado de la erradicación de esta lacra.

Las víctimas no se fían del sistema, no se sienten acompañadas y el descenso de denuncias en el último año se intuye desde el poder judicial como una perdida de confianza en el sistema judicial. Las víctimas quieren que se les escuche, que se les ofrezca un tiempo para explicar lo que han vivido, que la respuesta sea una real protección frente a nuevas agresiones. Cuando una mujer denuncia y un maltratador es condenando a prisión provisional, lo único que se nos ocurre por el momento es fijar una orden de alejamiento y ponerles una escolta o mandarla a una casa de acogida con dirección secreta incluso para sus familiares. Se la condena por lo tanto a un mayor ostracismo y aislamiento del que ya venía anteriormente. Esta intervención global en su vida se debe de armonizar con la velocidad procesal de un juicio rápido o de una sentencia de conformidad para el maltratador que puede así reconocer los cargos de que se le acusa a cambio de rebajarle la pena. Pero, ¿después qué?, ¿cuál es el destino de estas mujeres cuando el maltratador ha cumplido su pena y sale de la cárcel?

El entorno de la víctima, que muchas veces está al corriente, mira para otro lado (sólo un 2% de las denuncias viene de este ámbito). Se sigue considerando la pareja como un mundo cerrado en el que está prohibido cuestionar ciertas conductas y mucho menos denunciarlas. El estereotipo sigue apuntando a que se trata de un problema privado. Se impone una labor de concienciación para que las denuncias vengan también de terceros que pueden denunciar en Comisaría o Fiscalía. De hecho la ley nos obliga a hacerlo si somos conocedores de un hecho constitutivo de delito, sin que tengamos que volver a intervenir en el resto del proceso judical. Esta labor se ha encomendado por el momento a los servicios Sociales, que podrán denunciar de oficio si intuyen o adivinan o son conocedores de maltrato, lo que exije un trabajo de formación para realizar diagnósticos certeros.

El maltratador es objeto de programas de rehabilitación impuesto por los juzgados en muchos casos que intentan evitar la reincidencia. Para prevenir es imperativa la educación en igualdad desde la edad eescolar y esto no es cosa de feministas como ahora nos quieren hacer creer.

En definitiva hablamos de un tipo de violencia que se caracteriza por ser fuertemente emocional, ya que trabaja curiosamente desde el afecto, donde predomina el componenente de los celos y la posesividad. Para desactivar estos mecanismos desde la prevención y el diágnóstico se estudia al agresor mediante protocolos que permiten una evaluación del riesgo desde el análisis psicológico forense de factores de tipo personal, educacional y psico social del mismo, que permitan entender entre otras cosas el aumento de casos entre la población más joven.

Y es que llevamos diez días de este nuevo año y ya dos mujeres no verán su final. Porque queda mucho por hacer, casi todo, y un Estado democrático no debiera anteponer los intereses partidistas a garantizar la seguridad de una parte de su población. Porque tenemos que estar convencidos de que hay puertas que no se deben abrir ni pasos que se den hacia atrás.

#Ni una menos

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