Víctimas de la violencia de género: conceptos legales de un drama

Suben las temperaturas y bajo el cielo nuboso de verano, una red 
invisible se teje entre la actualidad, el debate político y la reflexión 
de los operadores jurídicos, periodistas, antropologos y feministas 
invitados a las Jornadas de verano de la U.P.V. sobre “Mujeres, víctimas 
ideales, intimidad, medios de comunicación y operadores jurídicos”.

La pregunta atravesó la sala del Palacio de Miramar pasadas las doce, 
casi a la hora de terminar:
-¿La víctima de la Manada es una víctima de violencia de género?
– Para mí, sí.
Rotunda fue la respuesta del presidente de la Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa, D. Ignacio Subijana Zunzunegui. Y sin embargo se trata de una 
opinión personal, una más.

En esa jornadas se habló mucho de la víctima y en concreto de la víctima 
de la Manada, y más en concreto todavía de esa carta suya leída en los 
medios en la que animaba a las mujeres a denunciar… ¿a denunciar qué, 
cómo y sobre todo para qué?

El problema  que nos encontramos es que el concepto de violencia 
machista no existe como tal en nuestra legislación, y es que no 
cualquier violencia merece la especial protección prevista por el 
legislador.

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección 
integral contra la Violencia de Género prevé especial protección a las 
víctimas de aquella violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
hombres sobre mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas en 
situación de análoga afectividad aunque no haya habido convivencia.

Es decir, que se protege a las mujeres de la violencia ejercida por los 
hombres y siempre que exista una relación sentimental previa que 
enmarque tal violencia.
No existirán por lo tanto la batería de medidas de protección previstas 
en esta ley, si por ejemplo los roles estuvieran inversados, algo no tan 
infrecuente como se piensa o si la mujer no tuviera ninguna relación 
afectiva con el hombre que la agrede.

¿De qué hablamos entonces?, pues de que a pesar del extenso debate y de 
los gritos y manifestaciones en la calle, para que en este país una 
mujer sea considerada víctima de violencia de género no basta con que el 
agresor sexual, psicológico, material o el asesino de sus hijos sea un 
hombre. Tiene que ser además su pareja.

Y aquí es donde el foro al completo de las Jornadas de la UPV 
(incluyendo al Magistrado presente) reconoció que nos hemos quedado 
obsoletos, que esta ley tiene catorce años y merece una revisión, que no 
se entiende la  exigencia de relación afectiva, que ya no se llevan en 
esta sociedad las relaciones afectivas y que todas las víctimas merecen 
la misma protección para poder denunciar.

Las víctimas de delitos englobados en la violencia de género acceden a 
una batería de medidas como son la protección de su identidad de los 
medios de comunicación durante todo el proceso y después. Especialmente 
se vigilará no dar detalles escabrosos del caso, ni publicar aquella 
información que atente contra la dignidad de la mujer o de sus hijos. A 
los agresores se les aplicará ordenes de alejamiento como medida de 
protección y ellas podrán acceder a pisos especialmente protegidos donde 
el agresor no pueda localizar a su (ex) pareja en un primer tiempo tras 
la denuncia de manera que ellas puedan declarar sin tener que volver a 
ver la cara de sus agresores con la ayuda de un biombo y de personal 
especializado incluyendo a letrados, fiscales y jueces. En el marco 
extrajudicial tienen derecho a un asesoramiento legal gratuito y 
especializado desde la interposición de la denuncia que incluye la 
información relativa a aquellos recursos de vivienda, prestaciones, 
empleo o cambios laborales en la empresa que su concreta situación 
requiera para garantizar su futuro y el de sus hijos.

La víctima de la Manada y todas las víctimas de delitos graves de tipo 
sexual, abusos, agresiones y sus variantes digitales, las que  son 
violadas una noche por un desconocido o por un amigo, da igual, se ven 
solas y se quejan con razón de su situación de desamparo frente a la 
compleja situación procesal a la que se ven enfrentadas, sin 
asesoramiento previo y sin conocer el complicado entramado judicial al 
que se tendrán que someter incluso durante años.

La solución pasa por incorporar el concepto de violencia machista que sí 
existe en el ordenamiento internacional a nuestro ordenamiento. Este 
debate fue tratado por todas las fuerzas políticas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia Machista de 2017. Algunos partidos pedían la misma 
protección para todas las mujeres con independencia de la relación 
previa que tuvieran con su agresor, pero otras fuerzas políticas no 
vieron factible dentro de una lógica jurídica integrar todos los tipos 
de agresión contra cualquier mujer, en la Ley Orgánica 1/2004, así que 
finalmente no se hizo y las distintas medidas de prevención, 
tipificación y protección en su diversidad siguen despedigadas por 
nuestro ordenamiento.

El Convenio de Estambul de 2011 del Consejo de Europa del que España es 
firmante y que trata sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica reconoce dos tipos de violencia: la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica entendida en ambos 
casos como el conjunto de actos de violencia física, sexual, psicológica 
o económica realizados por los hombres contra las mujeres y mantiene que 
sólo existe una sola categoría de víctimas: éstas mismas, sin distinguir 
en sus medidas de prevención o de condena de estos actos si el hombre 
tuvo o tiene relación conyugal o análoga con la mujer.
Es esto lo denominado “violencia machista”: cualquier violencia ejercida 
contra las mujeres por el hecho de ser mujer.

Así las cosas y sin querer continuar escribiendo en un blog sobre un 
debate que suscita a día de hoy una polémica inabarcable, la cuestión de 
la violencia “machista” de la que desgraciadamente tanto se habla todos 
los días en los medios y en la calle sigue sin tener un fiel reflejo en 
nuestro ordenamiento pese al compromiso adquirido en Estambul de 
realizar las reformas legislativas necesarias para incorporar medidas de 
prevención destinadas a paliar ambos tipos de violencia, la domestica y 
la dirigida contra las mujeres.

Si bien este verano se han adoptado mediante Real Decreto – Ley /2018 de 
3 de agosto medidas de carácter procesal penal, civil y laboral 
destinadas a reforzar las protección de las víctimas de la violencia de 
género (por ejemplo los hijos podrán recibir terapia sin el 
consentimiento previo del propio padre maltratador) a mi juicio la calle 
hoy brama pidiendo otra cosa bien distinta a la que el legislador sigue 
haciendo oídos sordos.

La brecha comienza a ser  tan grande que se emplea el concepto de 
violencia machista en la calle para todos los supuestos cuando debería 
emplearse el de género y entender que el resto es violencia común. 
Mientras no se solucione esto y no se proteja definitivamente a la mujer 
de cualquier tipo de violencia en todos los supuestos no lograremos 
erradicar la lacra de la violencia machista en nuestro país, objetivo 
final del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que hoy parece 
un día más que estamos muy muy lejos de alcanzar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *