Juana Rivas y la sustracción internacional de menores

Juana Rivas tendrá por lo menos el mérito de haber puesto la sustracción internacional de menores en la palestra y de encarnar en la simbología mediática las nefastas consecuencias que puede tener el intrusismo profesional en el ámbito del Derecho.

Es decir: lo que ocurre cuando nos fiamos más de cualquiera que nos dice lo que queremos escuchar antes que de un abogado especializado en el complicado mundo del derecho de familia con perspectiva internacional. Ahí es nada.

En cualquier caso Juana Rivas, como las olas de calor, es un tema que pertenece al verano. En verano de 2017 ‘todos somos Juana’, en verano de 2018, con una condena de cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa, nadie es Juana, ni quiere serlo.

Entre estos dos veranos, ¿qué ha ocurrido para que una víctima de la violencia doméstica sea condenada a pena de cárcel?, ¿es una condena ejemplar?, ¿sabía Juana lo que hacía?

La sustracción internacional de menores esta a la orden del día y el caso de Juana no es ni mucho menos residual. La explicación radica en el aumento exponencial de parejas con un elemento internacional debido a la globalización y a los flujos migratorios.

Después de haber tenido a los hijos la cosas no funcionan y uno de los dos, en general la madre pero no siempre, quiere romper, volver a su país de origen con sus hijos y claro, no puede.

El lugar de residencia de lo menores es un aspecto que deriva del ejercicio compartido de la Patria Potestad entre los padres que tendrán que ponerse de acuerdo para modificarlo, y si no lo hacen deberán recabar la autorización judicial en una vista muy breve y muy acotada en la que deberán demostrar al juez de familia que la opción de marcharse es la más beneficiosa para el menor. Esto, de entrada, salvo que la situación de los padres sea extremadamente precaria, no es a priori nada fácil. Así que muchos optan por hacerlo a las bravas y se llevan a los niños a otro país sin decir nada.

Cuando sucede algo así lo primero que debemos distinguir es cuál de los dos padres lo ha hecho. Si el que se los lleva no tiene atribuida la custodia por no existir Convenio Regulador (es el caso de Juana Rivas), o si por haber una sentencia que se la atribuye al otro progenitor estamos delante de un delito perseguible por la vía penal, que lleva aparejada pena de cárcel de hasta cuatro años y suspensión del ejercicio de la patria potestad.

Pero puede también que el que dé el paso sea el progenitor custodio o con quién conviven los menores. Sucede mucho en los casos de padres ausentes durante un tiempo. El otro rehace su vida con una persona de otro país, proyecta un futuro con él o ella…y ¡oh, sorpresa!, me reclaman el retorno del menor porque no estaba autorizado.

En este caso es un tema civil, complejo porque pone en danza a un montón de operadores jurídicos que deberán trabajar muy rápido y de forma coordinada. El tiempo para reclamar el retorno de un menor es de 12 meses desde que se tiene conocimiento de su marcha. Más allá se considera que ya esta arraigado en su nuevo país de residencia y que no es beneficioso exigir su retorno.

Así que hay que actuar enseguida y ponerlo en conocimiento de Autoridad Central del Ministerio de Asuntos Exteriores, que a su vez lo pondrá en conocimiento de su homologo en el país de sustracción. Desde ahí se localizará al menor y al progenitor y el Ministerio de Asuntos exteriores del país en cuestión, con la colaboración del Departamento de Justicia, designará un abogado de oficio para el progenitor que reclama el retorno pueda hacerlo delante de los Tribunales.

El juez que recibe un demanda de retorno única y exclusivamente puede resolver sobre esa demanda. Verificará si ha transcurrido un año y se podrá alegar todo lo relativo al arraigo de los menores en ese país: por ejemplo si tiene familia extensa o habla el idioma. Pero no puede entrar a valorar otras cuestiones que serían competencia del juez de familia del país de origen.

¿Qué sucede habitualmente? Que a falta de argumentos una denuncia por malos tratos en el ámbito familiar puede hacer dudar al Tribunal sobre la conveniencia para los menores de ordenar su retorno a su país de origen y esa es la estrategia seguida por Juana Rivas.

En un caso de estos el derecho de familia es ejercido con mucha violencia por parte del progenitor que sustrae. No retornar a los menores, llevártelos y peor aún esconderte y no dar noticias al progenitor que los busca desesperadamente es la situación más estresante que conozco en este ámbito y no sólo para los adultos, los niños lo pasan en general fatal porque aunque sean muy pequeños captan que algo sucede fuera de control.

Una denuncia falsa o sin pruebas no deja de ser un arma más en una guerra donde de inicio el sustractor demuestra que rige la ley del más fuerte, porque como he explicado al principio cambiar de residencia es posible pero siguiendo y respetando unas reglas.

Los malos tratos son realmente un hecho que un Tribunal tomará muy en cuenta para no ordenar la restitución, pero tiene que haber una condena firme del maltratador, y ello requiere un parte de lesiones y que se haya celebrado un juicio previo donde se haya practicado prueba sobre este asunto. Además esos malos tratos deben tener consecuencia directas sobre los menores, bien por sufrirlos a su vez , bien por ser testigos directos e los mismos.

Sin querer entrar en polémicas las denuncias por malos tratos curiosamente aparecen en los expedientes de sustracción internacional sin cumplir estos requisitos, con una ubicuidad asombrosa, pues encajan cronológicamente a la perfección con el deseo de marcharse a otro país del denunciante.

La realidad es que una vez más para España y dentro del espacio de la Unión Europea el mecanismo explicado más arriba se resuelve finalmente con cierto éxito por la doble protección del Convenio Internacional de la Haya de 1980 que rige en esta materia y el Reglamento CE 2201/2003 que prevé el reconocimiento directo de las resoluciones en materia de familia en todos los estados miembros.

Pero hay muchos países que no han firmado el Convenio de la Haya y otros donde un Estado corrupto o una situación de conflicto armado hacen simplemente imposible pretender el retorno de los menores.

El mecanismo para prevenir una sustracción a un país donde presumimos que el menor no será devuelto, por ejemplo en los casos de matrimonios forzados en países musulmanes o cuando uno de los progenitores amenaza veladamente con marcharse a su país de origen, es solicitar judicialmente una retirada de pasaporte y un cierre de fronteras para el menor que le impida embarcar en ningún vuelo, dado que saltará una alarma en el control de equipajes que alertará automáticamente a la Policía del Aeropuerto.

La sustracción internacional es un supuesto de conflicto interparental durísimo que puede acarrear perdidas muy dolorosas pero es contemplado por el legislador internacional como un conflicto en el ámbito de la Familia, por lo que no lo castiga con todo el peso reservado para los delitos.

En el caso de Jana Rivas, la pena recae en ella más por haberse otorgado la custodia de los menores sin tenerla atribuida judicialmente, por haberse escondido durante meses creando una alarma social innecesaria y haber desobedecido la orden judicial de entregarlos.

Si estaba mal asesorada, y por supuesto que lo ha estado, hay que ser muy naif o muy irresponsable para pretender algo así en un país occidental dentro de la Union Europea. Pero yo no dejo de pensar que los clientes lo son como los pies y que cada uno se encuentra con la horma de su zapato.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *